Las empresas públicas a privatizar pasaron de 41, en el texto original, a 26.

Las empresas que pasarán a manos privados, conforme el texto de la Ley ómnibus son:  Administración General de Puertos, AYSA, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Radio y Televisión Argentina, Télam, Contenidos Públicos, Educ.Ar, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Construcción de Viviendas para la Armada Argentina, Energía Argentina.

También estarán para privatizarse: Intercargo, Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias, Playas Ferroviarias de Buenos Aires. Polo Tecnológico Constituyentes, Talleres Navales Dársena Norte, Nación Bursátil, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro, Nación Servicios, Ferrocarriles Argentinos, Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Operadora Ferroviaria Belgrano Cargas y Logística, Desarrollo del Capital Humano Ferroviario, Empresa de Navegación Aérea y Corredores Viales. El Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica solo podrán ser privatizadas parcialmente.

Respecto de las empresas mediáticas, trascendió en las últimas horas que la decisión presidencial mediante decreto, según lo publicado en el Boletín Oficial, la intervención de los medios públicos por un año, después de delegar el control de esas unidades en la Jefatura de Gabinete de Ministros, con el fin de allanar el camino hacia la posibilidad de una privatización, a tono con sus promesas de campaña y con la autorización que figura en la Ley Ómnibus que se está debatiendo en el Congreso de la Nación.

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 111/2024, el Gobierno estableció que la medida abarca a Educ,ar, Télam, Radio y Televisión Argentina y Contenidos Públicos, que nuclea la TV Pública, Encuentro, Pakapaka, DeporTV y la plataforma Contar.
La intervención realizará una auditoría sobre el estado de las instalaciones y podrá modificar el personal y las contrataciones, el estatuto y las partidas presupuestarias. Recordemos que el Gobierno incluyó a todas estas empresas en el anexo de compañías sujetas a privatización de la Ley Ómnibus.
El interventor designado es Diego Martín Chaher, un abogado mendocino que trabajó durante dos décadas en cargos gerenciales del Grupo América. Estará bajo la órbita del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

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