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DOCENTES PARALIZAN EL SISTEMA UNIVERSITARIO POR SALARIOS DE MISERIA Y DESOBEDIENCIA JUDICIAL

La CONADU Histórica convocó a un paro nacional de seis días que paralizará las universidades entre el 13 y 18 de abril.

La CONADU Histórica convocó a un paro nacional de seis días que paralizará las universidades entre el 13 y 18 de abril, en un conflicto que ya no se limita a reclamos salariales sino que denuncia la desobediencia del gobierno a un fallo judicial que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.
El conflicto escaló a niveles críticos con docentes universitarios endureciendo sus medidas de fuerza ante lo que califican como «salarios de miseria» y un éxodo docente masivo. La federación gremial anunció una nueva semana de paro nacional que profundiza la crisis en el sistema de educación superior argentino. Los aumentos otorgados por el gobierno -del 2,5% en enero, 2,2% en febrero y 2% en marzo- fueron calificados como «insuficientes y unilaterales», muy por debajo de la inflación que erosiona día a día el poder adquisitivo.
El economista y docente de la UBA, Antonio Rosselló, afirmó que el conflicto ya excede la discusión paritaria. «Es un Gobierno que está fuera de la ley», señaló, cuestionando que el Ejecutivo no cumpla ni con lo votado en el Congreso ni con los fallos judiciales vigentes. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, los salarios universitarios perdieron cerca de un tercio de su valor real, según estimaciones gremiales que exigen un aumento del 50% para recomponer el poder adquisitivo.
La situación es dramática: un docente con diez años de antigüedad cobra alrededor de $250.000, muy por debajo de la canasta básica, y los cargos de máxima dedicación alcanzan los $1.250.000, frente a una línea de pobreza que supera los $1.400.000. Desde la federación advirtieron que el deterioro ya impacta en el funcionamiento del sistema: «Las clases no se afectan por el paro, ya están afectadas porque muchos docentes deben recurrir a trabajos adicionales para sostenerse».
El movimiento docente universitario muestra una resistencia organizada que trasciende lo gremial para convertirse en una defensa del sistema público de educación. La consigna «El fallo está, falta que lo cumplan» sintetiza una lucha que combina reclamos laborales con exigencia de legalidad institucional, en un contexto donde el gobierno parece decidido a desfinanciar la universidad pública como parte de su proyecto neoliberal.

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