Vivir para trabajar: la Argentina de la sobreexplotación

Hay libertades o prohibiciones que, cargadas con el cinismo de los que mandan, ofenden a quienes enfrentan los días sin mayor patrimonio que su cuerpo. Por ejemplo, el escritor Anatole France, en una novela laudatoria sobre el proyecto comunista, bordeando el final del siglo XIX, escribió: “La ley, en su majestuosa igualdad, prohíbe a ricos y pobres dormir bajo los puentes, mendigar en las calles y robar hogazas de pan”. Alrededor de una década atrás, Marx concluía su obra más importante, El Capital, en cuyo primer volumen deja registro de la cruel ironía que entraña el mote de “trabajador libre”. Resulta que el vagabundeo, el artesanado, así como distintas formas de lo que hoy llamaríamos “emprendimiento”, reñían con la necesidad de llenar los talleres e incipientes fábricas de músculos lo suficientemente fornidos y espíritus lo suficientemente mórbidos. Entonces, se llamó “trabajadores libres” a quienes, privados de otras posibilidades –incluso obligados por leyes arbitrarias y violencia policial–, se veían prácticamente forzados a vender, ya no el producto de su trabajo, sino su propio tiempo, su fuerza concreta sometida a una cuenta abstracta (“fuerza de trabajo”). Se trataba del trabajo tal como, antes que Marx, el padre del liberalismo, Adam Smith, lo llamó: “las penas y fatigas del cuerpo”. Tempranamente se supo que “trabajador libre” significaba, en realidad, quedar librado a su suerte… Y la suerte no es precisamente amable con los pobres. Nuestra coyuntura está signada por un nuevo “trabajador libre”, tan libre que, por no alcanzarle para vivir con un solo empleo, debe trabajar doble o triple. El denominado pluriempleo o la sobrejornada laboral no tienen tanto que ver con una elección voluntaria o una estrategia ocasional para mejorar los ingresos. La multiplicación de “penas y fatigas del cuerpo”, que incluye, sobre todo, trabajo intelectual y psíquico, es hoy síntoma de una tendencia que hace pesar el ajuste económico, los caprichos de la economía financiera y la concentración brutal de la riqueza en pocas manos, sobre la reproducción de la vida de las personas comunes. Lo que el gobierno de Milei imagina como reino de la libertad no es más que una forma de autoritarismo de mercado, lo que en otra parte llamamos “el modelo de la obediencia” y la consolidación de una economía de la supervivencia.

La disputa por el piso de una discusión es central a la hora de evaluar la situación de una coyuntura. En ese sentido, la gestión de Milei viene a completar el ofensivo planteo del gobierno de Macri, según el cual, las personas comunes vivían “por encima de sus posibilidades” (tal vez perfectamente sintetizado por quien fuera presidente del Banco Nación durante su mandato, el imputado en la causa de corrupción de Vicentin, Javier González Fraga: “Le hiciste creer a un empleado medio que su sueldo medio servía para comprarse celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior”). La crítica del macrismo al “sobreconsumo” popular tiene como reverso lo que el gobierno de Milei naturaliza como sobretrabajo. Aún en 2023, cuando se discutieron proyectos de ley de reducción de la jornada laboral, se oyó la voz de un dirigente de la UIA, Julio Cordero, cuadro del grupo Techint, exclamar: “Yo limito la jornada, entonces usted tiene que trabajar menos. ¿Para qué? ¿Para ir afuera a hacer qué?”. Hoy Cordero, a quien nadie le preguntó por el uso que le da a su tiempo o a sus cuantiosos ingresos, reporta a Techint desde el gobierno de Milei, nada menos que como secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Pero lo más curioso de esa consigna (“vivían por encima de sus posibilidades”), es que ni siquiera se correspondía con la realidad. Basta revisar algunos números para corroborarlo. Desde el año 2012, el sector privado apenas generó empleo formal a una tasa anual de 0,2%, un crecimiento marginal frente al ritmo de expansión de la población económicamente activa, que se incrementó al 1,8% anual durante el mismo período. Y la escasa capacidad de nuestra economía para generar trabajo formal se correspondió con el deterioro del poder adquisitivo del salario medio.

Por su parte, el último gobierno de Cristina Fernández, tras el período relativamente más próspero desde la vuelta de la democracia, finalizó su mandato con un 33% de informalidad laboral entre los asalariados, un 35% de trabajadores ocupados con ingresos por debajo del salario mínimo y un 70% de jubilados percibiendo la jubilación mínima. Es decir, ninguna panacea. Luego, el gobierno de Macri empeoró todas las variables e inició una espiral inflacionaria que no pudo ser controlada por la incapaz administración de Alberto Fernández, quien, Sergio Massa mediante –con el aval fundamental de Cristina Fernández y La Cámpora–, entregó el gobierno con 140% de inflación anual (disparada, cierto, a partir de la renegociación que Guzmán hizo con el FMI). Queda claro, entonces, que el ajuste propinado por el gobierno de Milei no podía presumir que nadie vivía por encima de sus posibilidades, salvo los sectores más potentados que lo sustentan. Y al ajuste se agrega que, en el último año, el estrangulamiento del sector productivo, provocó la pérdida de casi 200 mil puestos de trabajo. El resultado es que las oportunidades de acceder a un empleo relativamente protegido se volvieron escasas, incluso cuando ese tipo de empleo ya no garantiza por sí solo condiciones dignas de vida.

Más allá de la jactancia efímera por el subibaja del dólar, es de notar la celebración del Gobierno por una supuesta suba de salarios, sin decir una palabra sobre aumento de las horas trabajadas (en dobles turnos, en horas extras, etc.). Detrás de la fanfarronería de Luis Caputo (imputado en causa de incompatibilidad por uno de los mejores fiscales que conoció nuestro país, Federico Delgado), hay una pregunta incómoda: ¿qué están midiendo hoy las métricas laborales? ¿Es suficiente medir los ingresos o salarios para aproximarnos a una medida de bienestar? ¿Cuántas penas y fatigas del cuerpo y cuánto deterioro de la salud mental hay detrás de cada peso ganado? No se trata del “costo social” del modelo económico, como reza el cinismo actual, sino de una orientación cuyo costo es estructural y consiste en deteriorar las condiciones mismas de vida.

Revisando algunos datos oficiales se puede observar que la media salarial en Argentina se encuentra en niveles históricamente muy bajos. Más de la mitad de los asalariados registrados no logra cubrir el valor de una canasta básica familiar, actualmente estimada en $ 1,2 millones. En este marco, la gran mayoría de quienes se incorporaron en los últimos años al mercado laboral lo hicieron bajo modalidades flexibles, inestables y precarias (una suerte de reforma laboral de hecho). Esta tendencia se profundizó durante el último año: desde noviembre 2023 hasta la actualidad, la única categoría de registro que mostró crecimiento fue el monotributo, mientras que la expansión de la informalidad tuvo como protagonistas a figuras de autoempleo que, muchas veces, encubren relaciones de trabajo subvaloradas.

Las economías de los hogares no permanecen inmóviles frente a este escenario. El sociólogo francés Robert Castel caracterizó como “recolector de ingresos” a quien debe hacerse de varios trabajos para subsistir. Se trata de la actualidad de nuestro país, donde las personas comunes encadenan ocupaciones de diversa índole, venden su tiempo como servicio, se endeudan, revenden lo que pueden y estiran los días para cubrir, apenas, lo indispensable. Es imperioso alertar sobre esta situación, porque no es algo pasajero, sino que es la propuesta real de gobiernos como el de Milei, como decíamos, es un nuevo descenso estructural de las condiciones de vida y, por lo tanto, del piso de la discusión.

Trabajar más por menos. El pluriempleo crece de manera sistemática desde 2016, con la única excepción del paréntesis que significó la pandemia. En 2024 alcanzó su máximo nivel histórico, y su expresión más clara está en la extensión de las jornadas laborales. Entre mediados de 2023 y fines de 2024, 370 mil personas pasaron a tener múltiples empleos. En ese mismo período, la jornada laboral semanal promedio se extendió en una hora y media. Si se toma como referencia el año 2017, momento previo a la crisis macrista, hoy existen 790 mil pluriempleados más que, en promedio, trabajan dos horas y media más por semana. Pero la sobrejornada laboral no se explica solo por el pluriempleo. Si se observa a quienes trabajan más de 45 horas semanales –los llamados sobreocupados–, el 30% de los ocupados cae en esa categoría. Son 5,8 millones de personas que trabajan entre 9 y once horas por día. Dentro de ese universo, poco más de un millón tienen múltiples empleos, lo que estira el tiempo de trabajo hasta las doxce horas diarias.

La última medición de la Encuesta Permanente de Hogares permite afinar un poco más la mirada. Casi cuatro millones de personas trabajan cincuenta horas semanales; un millón, cerca de 62; y unas 900 mil sostienen jornadas laborales del siglo XIX: entre trece y dieciséis horas diarias. No se trata de ocupaciones en extinción, al contrario, muchas de ellas se concentran en sectores como la venta directa, el telemarketing, el transporte (incluyendo las plataformas) o los servicios de vigilancia. Es decir, en actividades donde el tiempo laboral se estira y los ingresos siguen siendo insuficientes.

Durante el último trimestre de 2024, el tiempo de trabajo siguió en ascenso. Según la Cuenta Generación del Ingreso del Indec, la carga horaria promedio por puesto aumentó un 4%. Entre asalariados registrados, la suba fue aún mayor: 5,2%, producto del incremento de horas extra trabajadas. A eso se suma el tiempo de traslado, rara vez considerado como parte de la jornada laboral. Aunque el trabajo remoto ganó espacio después de la pandemia, el 91% de las personas ocupadas sigue viajando entre su casa y su empleo. Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (Indec, 2021), ese viaje insume, en promedio, una hora por día. En el Gran Buenos Aires, el trayecto diario asciende a una hora y treinta y cinco minutos. A pesar del aumento de “penas y fatigas”, el incremento de ingresos resulta claramente insuficiente. Se trabaja mucho más para ganar apenas un poco más, a costa de la salud, del tiempo de vida, y de cualquier horizonte de bienestar.

Por otra parte, cerca del 60% del pluriempleo recae sobre las mujeres, aunque, a pesar de la extensión de la jornada laboral, sus ingresos son, en promedio, 37% inferiores a los de sus pares varones. Es decir, trabajan más horas, ganan menos y además asumen, en la mayoría de los casos, la responsabilidad principal del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.

Trabajo remoto: abierto 24 horas. Es importante destacar el rol de una mutación epocal del trabajo. La expansión del trabajo remoto y de las plataformas digitales potenció el pluriempleo, consolidándose primero en sectores como el transporte, el reparto y el comercio, y extendiéndose luego a áreas como la educación, la salud y los servicios profesionales. Estas tecnologías permiten compatibilizar horarios y multiplicar ocupaciones sin traslados físicos, lo cual hace técnicamente posible sostener más de una fuente de ingreso en simultáneo. Hay dos datos importantes que pueden resultar analizadores de la situación actual. Por un lado, más de la mitad de quienes trabajan en plataformas digitales tienen otro empleo remunerado (el 52%, según la encuesta del año 2021 sobre Trabajadores en Plataformas digitales basadas en la web –OIT y Ministerio de Trabajo–), es decir que su función principal consiste en complementar ingresos. Por otro lado, el ingreso obtenido por esa actividad sextuplica el salario mínimo legal (en Argentina se da la brecha más elevada de América Latina, no porque el ingreso a través de las apps sea elevado, sino por el grave deterioro del piso salarial).

Entonces, ante la ausencia de alternativas laborales de calidad, el trabajo en plataformas aparece como un recurso importante para sobrevivir, pero, al mismo tiempo, es esa necesidad la que da a las plataformas parte de su poder de mando, ya que capturan, organizan y rentabilizan la crisis social, que se consolida como su modelo de negocios, basado en la explotación fragmentada del trabajo vivo. En esa misma dirección, es posible afirmar que los tiempos laborales en este tipo de ocupaciones reflejan una erosión definitiva de la jornada regulada. El informe de la OIT revela que el 36% de los trabajadores en plataformas trabaja al menos seis días por semana y el 18% lo hace todos los días, con una media de 6,5 días por mes en los que trabajan más de diez horas diarias, y casi once días de trabajo nocturno al mes (entre las 22 y las cinco de la madrugada). Otra problemática del trabajo a través de plataformas digitales es la disponibilidad permanente, a la espera de un nuevo recado, que se traduce en tiempos suspendidos que impiden descansar, recrearse, organizar la propia vida. Tiempo no remunerado, que hace presa de la crisis de medida del valor a quienes trabajan.

Patrones libres de cargas, trabajadores librados a su suerte. Y el rol del Gobierno no dejó dudas cuando impulsó el paquete de reformas a través del DNU 70/2023 y del proyecto de Ley Bases, con la determinante participación de los estudios contables y de abogados de importantes grupos económicos. Estas medidas no solo debilitan los derechos laborales vigentes, sino que pretenden reconfigurar integralmente el régimen de empleo, al legalizar figuras de contratación precaria, suprimir la presunción de relación de dependencia y consolidar la figura del trabajador autónomo por necesidad. Se precariza la institucionalidad y se institucionaliza la precariedad. Lejos de tratarse de una iniciativa aislada, esta orientación cuenta con el respaldo activo del Fondo Monetario Internacional, que, en el acuerdo firmado en abril de 2025, tras el fracaso de la política cambiaria del gobierno, exigió la profundización de reformas estructurales orientadas a “modernizar” el mercado laboral.

Por su parte, la estadística que, legitimada por una institución democrática, puede resultar una herramienta útil para intervenir sobre la realidad, cuando se parcializa, cuando no se actualiza, incluso cuando se vacía de sentido, puede cumplir la función contraria, es decir, en lugar de servir a las personas comunes para comprender una realidad a escala e intervenir sobre ella, aparece como licuación de tendencias problemáticas u ocultamiento por parte de un gobierno como el de Milei y sus voceros de toda estirpe. Por ejemplo, la lectura que propone el Gobierno de los números de pobreza del Indec omite que, en buena medida, las personas con más de un empleo descenderían por debajo de la línea de pobreza si rehusaran trabajar por encima de lo que la propia voluntad e incluso la salud permite.

En definitiva, trabajamos más de lo necesario, ganamos menos de lo que merecemos, accedemos a menos bienes y servicios de los que necesitamos, y renunciamos a los placeres mínimos y al uso del tiempo que harían de la existencia algo dulce, como desde la democracia griega la imaginó Aristóteles. Aunque lo específico de este momento tiene más que ver con la impudicia propia de los poderosos: el pasaje del ocultamiento a la explicitación, para su legitimación, de una situación de sometimiento físico y psíquico que tensa el sentido común, en una etapa de servidumbre voluntaria como hasta ahora no habíamos conocido.

*Economista, coordinadora del Ipypp, integrante del IEF CTA y del IDEP ATE, se especializa en el estudio de la precariedad laboral.

**Ensayista, docente e investigador (Unpaz, UNA, IIGG–UBA), integrante del IEF CAT A y del Ipypp, codirector de Red Editorial, autor de diversos libros y compilaciones.