Rafaela al Desnudo, se requebraja su estructura productiva y laboral

En dicho documento –publicado en su página oficial- dice: “La modernización laboral es un paso necesario, pero claramente insuficiente: los desafíos del entramado socio-productivo argentino exceden ampliamente la discusión sobre convenios, horas extras o licencias. En ese marco, resulta prioritario impulsar una verdadera reestructuración integral del sistema impositivo en los tres niveles de gobierno. La Argentina necesita un shock de competitividad que va mucho más allá de lo cambiario: es difícil competir cuando los bienes locales cargan con niveles de costo impositivo sustancialmente superiores a los de productos importados. Del mismo modo, se requieren herramientas concretas de financiamiento productivo: el crédito debe volver a ser un instrumento de desarrollo y no una barrera de acceso.”
Hasta aquí, puede señalarse que existe una línea de coherencia con reclamos históricos de la entidad empresarial. Sin embargo es necesario comenzar a poner en contexto estas afirmaciones con lo que está sucediendo con la estructura económica, laboral y social de nuestra ciudad.
Para ello es importante remitirse al informe que el ICEDEL (Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local) hiciera público el año pasado en donde afirma lo siguiente: “…la tasa de actividad en Rafaela alcanzó en 2025 un récord histórico del 54,5%, lo que implica que más de la mitad de la población está activa en el mercado de trabajo, ya sea ocupada o buscando empleo. Sin embargo, este dinamismo no ha sido acompañado por una mejora en las condiciones laborales ni por una expansión del trabajo formal.
El dato más revelador lo constituye la caída progresiva del peso del empleo asalariado dentro del total de ocupados. Mientras en 2005 los asalariados representaban el 77,7 %, en 2015 bajaron al 75,5% y en 2025 se ubican en el 73,9%, consolidando una tendencia de dos décadas en la que el trabajo independiente o por cuenta propia gana terreno; muchas veces con mayores niveles de inestabilidad e informalidad.

A esto se suma otro dato central: el 33,7% de los asalariados no recibe aportes a la seguridad social. En términos simples, uno de cada tres trabajadores formales no está registrado correctamente y, por tanto, no accede a cobertura previsional, ART ni obra social. (… ) En el caso del personal de servicio doméstico, la informalidad alcanza niveles extremos ya que el 65,5% de las trabajadoras, no tiene aportes previsionales. También en el caso de los asalariados menores de 30 años, donde el porcentaje sin aportes asciende al 56,4%”.
Es decir una ciudad que genera altísimos niveles de rentalibilidad y que cuenta con una clase medida, media alta y alta con fuerte acceso al consumo, a lo cual hay que sumarle el campo como fundamento indispensable para sostener el desarrollo productivo que ha venido teniendo, va encaminándose a un modelo donde los que están pagando el costo de esta reconversión -que bien observa el ICEDEL-, son los trabajadores y trabajadoras. Deberían, por lo tanto, tomar nota de esto los sindicatos de la ciudad y sus respectivas conducciones.
Sigamos entonces con el documento del CCIRR. Y allí aparece ineludiblemente el análisis sobre la situación del país y el impacto en el sector: “Al mismo tiempo, la estabilidad macroeconómica debe complementarse con un programa que reactive la actividad. Numerosos sectores operan hoy con baja demanda, márgenes mínimos y escasa previsibilidad. En este escenario el entramado productivo pierde densidad, se debilitan las cadenas de valor y se compromete el crecimiento sostenido. La presión de costos impositivos, logísticos y financieros se vuelve especialmente insostenible en contextos de baja actividad y apertura de importaciones, dejando a muchas empresas en una lógica defensiva, orientada únicamente a sobrevivir.”
Dicho de una manera muy simple el análisis es demoledor, pero la contracara es que se cuida mucho de ponerle nombres y apellidos y responsabilidades políticas a quienes están llevando adelante desde el Estado, la economía del país.
Y estas contradicciones se hacen evidentes cuando en la parte final del documento señala que es necesario abordar otros ejes estratégicos, tales como “el fortalecimiento del sistema educativo, científico y tecnológico y la reactivación de obras de infraestructura indispensables para un desarrollo verdaderamente sostenible”, solicitudes que son absolutamente incompatibles con las medidas que viene adoptando Javier Milei. Puede decirse que la condición de clase social hace que se enuncien solicitudes y reclamos pero se sostenga hasta lo impensado las medidas más duras, insensibles y de destrucción del entramado pyme del país.
En una sociedad, como la de Rafaela. que presenta rasgos marcadamente antiperonistas, este documento aporte no sólo reflexión, sino volumen ideológico. En paralelo el ICEDEL afirma: “Este panorama confirma lo que el informe señala con claridad: «El mercado laboral local evidencia un proceso de deterioro en términos de protección social, estabilidad y condiciones de empleo». Se trata de una configuración que no sólo expresa una falta de cobertura legal, sino también una mayor exposición a condiciones laborales inestables, interrupciones en las trayectorias laborales, y obstáculos para el ahorro y la planificación a largo plazo. El esfuerzo persiste, pero las garantías se erosionan”.
Las dobles lecturas y las posibilidades de profundizar el análisis y la reflexión sobre esto, son tareas prioritarias para conocer más en profundidad la estructura y superestructura de la ciudad. Y actuar en consecuencia.
