LA DOCENCIA UNIVERSITARIA EN EL ABISMO: SALARIOS EN MÍNIMO HISTÓRICO Y PARO INDEFINIDO

Los números son devastadores: el salario real de la docencia universitaria se encuentra en su mínimo histórico, 35,6% por debajo de noviembre de 2023 e incluso 2,7% inferior a los peores niveles de 2004. Según el informe de la Asociación Gremial Docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, los docentes perdieron «el equivalente a 11,5 salarios actuales (casi un año)» desde noviembre de 2023. La Ley de Financiamiento Universitario conquistada en agosto de 2025 establece que el salario básico debería incrementarse un 55,4%, pero el gobierno de Milei no la cumple. Para recuperar el poder adquisitivo de noviembre de 2015 sería necesario un aumento del 105%.
La situación se agrava con más de 10 mil docentes obligados a abandonar la docencia según cálculos del CIN hasta 2025. En la Facultad de Agronomía de la UBA ya hay 83 renuncias registradas, y en la Universidad del Comahue solo esta semana se trataron 16 renuncias. El gobierno negocia con los rectores una nueva ley que reduciría el aumento a apenas 12,3% en tres cuotas, anulando la Ley vigente y afectando también las becas estudiantiles que necesitan una recomposición del 63,7%.
Las direcciones sindicales muestran contradicciones: aunque las asambleas de base de Conadu y Conadu Histórica votaron paro por tiempo indeterminado, los congresos extraordinarios limitaron la medida a una semana en marzo. El rectorado de la UBA, con Emiliano Yacobitti a la cabeza, se tira contra el paro docente y abre la puerta a la negociación con el gobierno, argumentando que «la sociedad respaldó a este gobierno en las elecciones» y que tiene mayor poder para vetar leyes.
La resistencia se organiza desde abajo: asambleas en distintas facultades preparan actividades de visibilización y confluencia con estudiantes y no docentes. En Filosofía y Letras de la UBA resolvieron un corte el lunes 16 de marzo, y en Medicina convocan a un abrazo a la facultad el miércoles 18. La crisis universitaria refleja el ajuste estructural que atraviesa el país, donde la educación pública es víctima de un proyecto que privilegia el desfinanciamiento sistemático sobre el derecho a la formación y la producción de conocimiento colectivo.