LA CRIMINALIZACIÓN DE LA INFANCIA: EL RÉGIMEN MILITARIZA LA JUSTICIA JUVENIL

El decreto 138/2026 selló la transformación del sistema penal juvenil argentino, una victoria política del oficialismo que consolida su agenda securitaria. Con 44 votos afirmativos en el Senado, la Ley 27801 establece que adolescentes desde los 14 años podrán enfrentar procesos penales, marcando un giro histórico en la concepción de responsabilidad penal. La norma, impulsada por Patricia Bullrich, se presenta bajo el discurso de «resocialización» pero su esencia es punitiva: criminaliza la pobreza juvenil bajo el paraguas de la seguridad.
El texto legal establece que la privación de libertad será el «último recurso» y prohíbe penas perpetuas, además de exigir separación de adultos en centros de detención. Sin embargo, la retórica educativa choca con la realidad de un sistema que prioriza el castigo sobre la prevención. La ley reconoce derechos de víctimas y habilita responsabilidad civil para progenitores, pero su núcleo duro es la baja etaria que responde a demandas mediáticas de mano dura. La especialización obligatoria de operadores judiciales aparece como un barniz técnico sobre una decisión política regresiva.
Esta reforma profundiza la lógica neoliberal de individualizar problemas sociales estructurales. En lugar de abordar las causas de la conflictividad juvenil -deserción escolar, falta de oportunidades laborales, vulnerabilidad habitacional- el Estado opta por judicializar la pobreza. La norma llega en un contexto de ajuste brutal donde se recortan programas sociales mientras se fortalece el aparato represivo. La contradicción es evidente: se invierte en cárceles para adolescentes mientras se desfinancia la educación pública.
Como sociedad, debemos preguntarnos qué modelo de país construimos cuando la respuesta a la niñez en situación de vulnerabilidad es el encierro. La criminalización de la adolescencia no resuelve la inseguridad; la reproduce al estigmatizar a una generación entera. Frente a este punitivismo, urge reivindicar políticas de cuidado comunitario que entiendan a les jóvenes como sujetos de derechos, no como potenciales delincuentes. La verdadera seguridad viene de la inclusión, no del castigo.