FUJICERRONISMO: LA ALIANZA MAFIOSA QUE CAPTURÓ EL ESTADO PERUANO

El llamado «fujicerronismo» representa la fusión pragmática entre dos fuerzas políticas que, pese a sus discursos antagónicos, han construido una alianza funcional para el control sistemático de instituciones clave del Estado peruano. Esta convergencia estructural entre Fuerza Popular y Perú Libre ha demostrado que las etiquetas ideológicas pierden sentido frente a las prácticas efectivas de cooptación institucional.
La captura regulatoria de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) ilustra perfectamente este fenómeno. Perú Libre lideró una ofensiva legislativa para debilitar la autonomía técnica del organismo, presentando 47 proyectos de ley para crear universidades sin respaldo técnico. El caso de la Universidad Peruana del Centro (UPECEN), vinculada a la familia Cerrón, revela cómo redes político-familiares utilizan el discurso antiélite para apropiarse de instituciones públicas. Esta universidad, que había sido denegada en su licenciamiento, finalmente lo obtuvo tras el debilitamiento de SUNEDU impulsado por la bancada cerronista.
José Balcázar emerge como figura clave en este entramado. Como presidente de la comisión especial que eligió al actual Tribunal Constitucional, Balcázar presidió un proceso marcado por falta de transparencia y ocultamiento de reportes de la Contraloría. El resultado fue un TC funcional al fujimorismo que allanó el camino para el indulto ilegal de Alberto Fujimori y blindó a Keiko Fujimori en el caso de los aportes sucios de campaña. Este mismo TC también anuló una sentencia contra Vladimir Cerrón, evidenciando la reciprocidad del pacto.
La captura continuó con la Defensoría del Pueblo, donde el fujimorismo devolvió el favor apoyando al abogado de Waldemar Cerrón, Josué Gutiérrez, sin experiencia en derechos humanos. Posteriormente, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) también cayó bajo control mediante la elección de miembros afines al llamado «pacto mafioso» parlamentario.
Lo que comenzó como coincidencias parlamentarias ocasionales se ha convertido en un bloque de poder coordinado que actúa sistemáticamente para asegurar control institucional. La elección de Balcázar como presidente del Congreso solo fue posible con el apoyo decisivo del fujimorismo, confirmando que las fronteras ideológicas se diluyen cuando están en juego posiciones estratégicas.
Esta convergencia revela una mutación del patrón clásico de captura estatal: ya no mediada exclusivamente por grandes conglomerados corporativos, sino por redes político-familiares que, bajo discursos aparentemente opuestos, reproducen lógicas de apropiación institucional. El circuito se completa con lobby intensivo, reformas normativas que debilitan reguladores, recomposición de órganos de control y decisiones administrativas favorables a grupos específicos.
El fujicerronismo demuestra que en el Perú contemporáneo, los extremos no sólo se parecen: terminan gobernando juntos, complementándose en la construcción de un Estado capturado donde las instituciones públicas se convierten en botines de guerra política. Esta alianza subalterna ha logrado lo que parecía imposible: unir en la práctica lo que el discurso mantiene separado, creando una maquinaria de poder que opera más allá de las etiquetas ideológicas tradicionales.
