El gobierno provincial está contra los trabajadores – Por Daniel Silber
La detención de militantes populares por su participación en la protesta contra la sanción de la nueva Ley Previsional en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe marca un antes y un después; es una bisagra, un verdadero quiebre.
Con esas acciones, el gobierno –y una justicia dicta, ya colonizada política e ideológicamente- avanza en el camino Bullrich-Milei de criminalizar la protesta social, algo que se multiplicará a causa de las políticas económicas llevadas adelante tanto desde el gobierno nacional como provincial. El brutal ajuste –traducido en descuentos masivos por esa ley, sanciones a quienes ejercen el derecho de huelga, aumentos siderales en las tarifas de servicios, inflación, congelamiento de salarios- se complementa con la represión.
En la protesta de grupos de docentes en esquinas de la ciudad de Santa Fe se vio perturbada por la presencia policial intimidatoria, las fotografías a los participantes y la requisitoria del material que se distribuía. La judicialización de la protesta social se suma a la coerción estatal, mostrando que esta “democracia” está bastante “floja de papeles”, es muy limitada y pobre y solo puede apelar esta metodología para sostenerse.
Una vez más, el gobierno provincial muestra su carácter contra los trabajadores. El intento de disciplinamiento es brutal. Lo hace con descuentos en los haberes de activos y jubilados, con el presentismo, con las amenazas contra los convenios colectivos de trabajo de diversos gremios, invade fábricas con policías (recordemos SanCor Sunchales hace poco) y tiene un ministerio de trabajo pro-patronal.
¿De qué seguridad hablan Pullaro y sus cortesanos, cuando no está garantizada la seguridad de los ciudadanos en el derecho a manifestarse? El artículo 7 de nuestra Constitución Provincial dice en un de sus párrafos: “…La persona puede siempre defender sus derechos e intereses legítimos, de cualquier naturaleza, ante los poderes públicos, de acuerdo con las leyes respectivas. Los derechos fundamentales de libertad y sus garantías reconocidos por esta Constitución son directamente operativos…” Tampoco está asegurada la seguridad de los adultos mayores, si se les descuenta el 2% de sus haberes y cualquier aumento lo cobrarán ¡¡¡60 días después!! . ¿Cuál es el criterio para tal aberración?
Rechazo y repudio esta nefasta maquinaria represiva, me solidarizo con ellos, sus familiares, amigos y organizaciones que los contienen y reclamo a los poderes del estado las garantías constitucionales que aseguran el derecho a la protesta en libertad.
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