Tucumán | La comunidad Indio Colalao denuncia usurpación de privados y connivencia policial

milagros lopez

La comunidad Indio Colalao con personaría jurídica 33/11 perteneciente al Pueblo Diaguita de Tucumán, denuncia que desde hace tiempo son víctimas de los intereses inmobiliarios, representados por Félix Lencina Serrano quien a través de una red de contactos pretende desalojarlos, con fines comerciales.

En el marco del conflicto territorial, la comunidad señaló que denunciaron a un policía por abuso de autoridad y lesiones a un integrante indígena. Cuestionan también el lento accionar de la justicia que es aprovechado como “una permisibilidad” de parte de Lencina Serrano, así lo expresó Beto Colqui, referente de la comunidad Indio Colalao. 

Colqui informó que a fines de 2018, Lencina Serrano realizó junto a policías de Tucumán un desalojo de hecho sin orden judicial, contra doce familias pertenecientes a la comunidad Indio Colalao, ubicados en Montebello, en el paraje San Pedro del departamentos de Trancas.

 Las familias indígenas ocupaban 350 hectáreas relevadas por la Ley 26.160, que cuenta con resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) N° 146, instrumento que reconoce la posesión actual, tradicional y pública de la comunidad.

El caso se judicializó, la comunidad logró en junio de 2019 la restitución de su territorio, en base al reconocimiento territorial del INAI. Sin embargo la situación no tiene una resolución definitiva y Lencina Serrano no fue desalojado.

El problema recobró intensidad cuando el 20 de diciembre de 2023, 5 personas desconocidas, que responden a Lencina Serrano, ingresaron al territorio comunitario e instalaron una casilla de madera, con la intención de disputar la posesión del espacio y acompañados por personal policial de cinco comisarías y de la infantería. El jefe del operativo policial fue Fernando Juri subjefe de la regional norte de Tucumán que acudió sólo para apoyar la usurpación y según afirmó Colqui el funcionario les dijo que los derechos indígenas habían “caducado”.

Los comuneros expresaron que la policía resguardó a “los usurpadores” evitando que la comunidad recupere la posesión e incluso permitió que se realicen obras de emparejamiento, y que contrataron gente armada para asegurar la usurpación.

La comunidad además denunció el robo de alambre y mangueras de la casa comunitaria, lo que les dejó sin seguridad perimetral y sin agua.

Colqui contó que presentaron notas en las que informan la situación que atraviesan al jefe de policía provincial, Joaquín Girvau Olleta y al gobernador Osvaldo Jaldo.

En el marco del conflicto territorial, la comunidad determinó el estado de asamblea permanente en la casa comunitaria.

La comunidad decidió que el sábado 13 de enero a las 14 realizarán una asamblea abierta con la participación de otras comunidades, referentes ambientalistas, y otros. Tienen previsto a las 18 dirigirse a la plaza Eucario Paz de la ciudad de San Pedro de Colalao, para finalizar la jornada con una radio abierta. 

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