Santiago Maldonado, foja cero

Este 10 de mayo, la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia le dio la razón al planteo de Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado y apartó al Juez Lleral de la causa, revocando el sobreseimiento de los imputados pertenecientes a la Gendarmería Nacional que, al momento de la desaparición y reaparición del cuerpo sin vida de Santiago Maldonado, conducía Patricia Bullrich. 

El juez nombrado en su lugar es Federico Calvete, del juzgado federal de Ushuaia (que debe ser ratificado por la Corte Suprema). Por cinco años la familia pidió el apartamiento del juez Lleral, cinco años que se perdieron para recoger la información necesaria, elementos probatorios, testimonios y todo lo necesario para llegar a la verdad. 

¿Qué pide ahora la familia? Una investigación imparcial. A casi siete años de la desaparición de Santiago, sabemos que no hubo imparcialidad y, en el fondo, tampoco investigación. ¿Por qué? ¿A quién le resultó conveniente que así fuera? Tal vez haya que preguntarle a Patricia Bullrich, enemiga declarada de la familia Maldonado, la misma que revictimizó al fallecido tras la represión cada vez que pudo; una funcionaria que, en lugar de controlar a las fuerzas de seguridad a su cargo y de respetar el proceso judicial, declaró varias veces mentiras hoy comprobadas, llegando a negar la existencia de una testigo protegida (una gendarme) cuyas declaraciones publicamos en otra nota. 

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HOY MÁS QUE NUNCASUSCRIBITE

La diferencia entre la conducta de la eterna funcionaria y la de la familia Maldonado y su letrada puede deducirse de la declaración de estas últimas apenas se conoció el dictamen: “Los únicos recursos que siempre utilizamos fueron los que las leyes procesales, los tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución Argentina nos otorgan, sin tener ningún artilugio, de hablar ni presionar a nadie de ninguna manera, ni tener contactos por fuera de lo que es un debido proceso.”

El final de aquel vergonzoso fallo de Lleral, coincidente con el encuentro del G20 en Buenos Aires, a fines de 2018, se pretendía filosófico, citaba a Aristóteles y entregaba a Santiago a un limbo curioso en el que las personas perseguidas por gendarmes armados simplemente se ahogan. 

Caso Maldonado: 78 días desaparecido, una muerte atroz y una causa judicial «paralizada»

Pero Lleral, lejos de parecerse a un filósofo aristotélico, apenas alcanza el rango de un sofista que vaga entre la institución judicial y medios de comunicación que hacen de la canallada una tarea rentable. Si los sofistas del Mundo Antiguo supieron cuestionar la moral de su tiempo, este desabrido sofista contemporáneo trabajó, en realidad, para la fachada moral de una derecha sin formación ni códigos. 

Bullrich, que formó parte de gobiernos dañosos para las mayorías y frondosos en causas de corrupción (Menem, De La Rúa, Macri), levanta el dedo cada vez que periodistas cómplices le dan cámara y levanta la mano para hacer la venia ante subordinados cuya violencia debería controlar, en lugar de fomentar (¿hay que recordarle que es una mandataria civil de fuerzas que le deben obediencia al pueblo a través de sus representantes?). 

Se trata de violencia institucional: los desaparecidos, asesinados, torturados y detenidos ilegalmente en democracia dan testimonio de un riesgo verdadero, mucho más preocupante que la destreza de un ratero o el desborde de un alma narcotizada; la inseguridad que Bullrich no solo no combate, sino promueve.

Caído el fallo de Lleral, se cae la verdad “aristotélica” que alimentó cierto consenso social en torno a la muerte de Santiago. Que quede claro: no fue abandono de persona como aún repite algún medio de comunicación irresponsable e insensiblemente, la carátula está abierta (no descarta la “desaparición forzada”) y recién ahora darán lugar a la carga probatoria. 

¿Será que quienes ligeros de lengua insistían en la inocencia de la Gendarmería ahora, ante el derrumbe del fallo de Lleral buscan, al menos, una causa con menor rango y, claro, menor pena? 

Santiago Maldonado, foja cero

Esta sentencia deshace las falsedades instaladas por el propio juez, cuando salió de la autopsia a viva voz sosteniendo que no había pasado nada, cuando inoculó en el imaginario social la idea de que 55 peritos habían establecido la muerte por ahogamiento. Pero hay que decirles a quienes propagaron esa versión, tanto como a los periodistas –de los progres y de los fachos, cuyos métodos no pocas veces coinciden– que no investigaron o ni siquiera se preguntaron, que no fue así, ya que sólo dos peritos vieron el cuerpo, mientras algo más de una decena vio la autopsia por pantalla y que ninguno estuvo en el lugar de los hechos. 

Pero, aun así, como varias veces planteamos con detalle, enumerando punto por punto, si algo surge de la autopsia es que el cuerpo de Santiago no pudo estar jamás 78 días en el agua. Y no son ni su cuerpo reaparecido sin vida un 17 de octubre, ni la familia, ni la abogada quienes tienen que dar explicaciones, sino el Estado argentino, cuando la justicia se digne a exigirlo. Luego, las responsabilidades individuales, desde la ministra de seguridad, hasta los gendarmes, pasando por funcionarios intermedios. Qué decir de los funcionarios judiciales que obstaculizaron y sudan sospechas de encubrimiento…

Caso Maldonado: la Justicia reabrió la causa y apartó al juez Gustavo Lleral

Mientras la frase “se ahogó” acompañaba enunciados prejuiciosos e insultantes contra Santiago, es decir, contra la víctima, por parte de sectores de la población deseosos de aniquilación de aquellos que cuestionan este estado de cosas injusto, cuando medios de comunicación y funcionarios públicos pretendieron utilizar políticamente el caso, Sergio Maldonado y su compañera Andrea, pero también los padres de Santiago, demostraron un aplomo difícil de conseguir en una arena que ya es lodo, en una época que se parece más a un pantano de simulacros mal logrados que al barro de la historia en el que tuvieron lugar debates importantes. 

En una completa desigualdad de condiciones sostuvieron su pedido de justicia, con seriedad y a pura pérdida. Incluso llegaron a impulsar una investigación independiente en paralelo que arrojó resultados notables y que un proceso serio debería tener en cuenta. 

Parece mentira que, tras años de un proceso judicial finalmente inútil, la sentencia devuelva todo a foja cero, incluso pidiendo recién ahora una reconstrucción real de lo hechos (ya que en 2019 se había practicado una suerte de reconstrucción virtual). 

Verónica Heredia reclamó que incluso las declaraciones se tomen en aquel territorio en el cual, después de tres rastrillajes finalmente se encontró a Santiago sin vida. Recordemos: en un río donde el agua les llegaba a las rodillas a los efectivos disfrazados de buzos, un río sin frio suficiente para la crioconservación artificial, un río con alimañas y ramas cortantes que hubieran dañado el cuerpo de un ahogado, tanto como el agua misma. Ahí donde tres veces Santiago no estuvo, donde fue encontrado muerto la cuarta vez, una semana importante para el gobierno de Macri, justo antes de la elección parlamentaria de 2017.  

A quienes dicen que “se descartó la desaparición forzada”, incluso titulando así alguna noticia, hay que anoticiarlos: lo único que se descartó fue la verdad del juez Lleral, es decir, el principal alimento de las mentiras que repitieron hasta el hartazgo quienes pretenden darnos lecciones de moral desde las pantallas o quienes malgastan tinta o saliva, para colmo, financiados por nuestros impuestos. Hoy día, no es la carátula la discusión principal, sino las pruebas, la abundante información que surge de la autopsia, los testimonios e incluso las irregularidades que tuvieron lugar… 

Por cierto, ¿a quién le convenían esas irregularidades? No hay que dejar de preguntárselo, porque se trata de la seguridad de la ciudadanía, ya que, como solía decir Nora Cortiñas, un crimen de Estado es “crimen de crímenes”.

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