Peligra el inicio de clases

Por milagros lopez Feb15,2024

En conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, desconoció la existencia de la Paritaria Nacional Docente y avisó que el Gobierno Nacional está «evaluando», sin definiciones aún, si habrá o no un llamado «a lo que se denomina la paritaria nacional». Todo,  a días de que pueda iniciarse -o no- un nuevo ciclo lectivo en todo el país.  

Los dichos del portavoz no hicieron más que alimentar la conflictividad con las y los Gobernadores -que están cubriendo con recursos provinciales los fondos que Nación no envía- y con las y los Docentes, que esperan ser convocados para iniciar la Paritaria Nacional -establecida por la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo promulgada en 2006, más el Convenio marco 92/20-, que define el piso salarial de las y los trabajadores de la educación en todo el país -en septiembre de 2023 el salario inicial se fijó en 250 mil pesos-. Además, el reclamo de los recursos que integran el FONID -Ley 25.053-, el Fondo Compensador de desigualdades salariales, material didáctico, conectividad, entre otros ítems que hacen al salario docente. 

«Recordemos que los salarios docentes dependen de cada uno de los gobernadores, por lo tanto, cada jurisdicción es libre de pactar el salario que deseen con sus trabajadores; los docentes de la Argentina dependen de cada una de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires», agregó Adorni sin ponerse colorado y propuso, como si la negociación colectiva fuera una discusión entre partes iguales: «Están en libertad de pactar con ellos cuál es el salario que pretenden o que consideran justos para poder iniciar las clases. Por supuesto que el gobierno insta o va a promover siempre que la cantidad de días de clases se cumplan y que todos los argentinos que quieran educarse puedan hacerlo, independientemente de la de la paritaria o de la discusión salarial que, por supuesto, es relevante, pero esa discusión se debe dar con las provincias».

Allí no quedó la cosa y el vocero fue por más: ratificó que Nación no va a transferir el Fondo Compensador porque  «no existe».

Las palabras de Adorni -por desconocimiento o ninguneo a la comunidad educativa- resonaron  y las respuestas se hicieron escuchar. 

En conferencia de prensa, Sonia Alesso, secretaria General de la CTERA, confirmó el escenario de conflictividad con las y los docentes y avisó que si el Gobierno continúa sin enviar los recursos del FONID -que representan aproximadamente el 10 por ciento del salario-, el Fondo Compensador de desigualdades salariales, el cupo para los comedores y copas de leche, y discontinúa las obras de infraestrucutura y programas pedagógicos, «peligra el inicio del ciclo lectivo». Todo, más el corte de la discusión salarial con los gremios, por parte de varias provincias,  «hasta no se resuelva primero el tema de los recursos que debería enviar Nación»,  advirtió la dirigenta.  

Para Cecilia Cecchini, dirigenta de SUTEBA y jefa de Gabinete del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, «es preocupante y lamentable la actitud del vocero Adorni, que se desentiende de la Paritaria, una discusión de partes, entre el Estado y los Gremios Docentes».

«Desconocer un instituto legal como el de la Paritaria Nacional Docente, establecida en el marco de una Ley y que, año a año, ha fijado pisos salariales para los Docentes de todo el país, donde también se discuten condiciones de trabajo y se ha avanzado en instancias de formación y capacitación, licencias parentales. La Paritaria es mucho más que la discusión del salario«, subrayó sobre la instancia de negociación.  

«Además, la Paritaria Nacional le otorga al Estado Nacional, a través del Ministerio de Educación, hoy devaluado en Secretaría, la posibilidad concreta y cierta de ser garante del derecho social a la Educación, consagrado en la nueva Ley de Educación y en la Constitución», consideró, por lo que vulnerar ese «derecho social» afecta no solo a los gremios sino, también, «a los verdaderos protagonistas de la Educación pública, niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos». 

En tanto, Fabián Felman, secretario General de la Confederación de Educadores Argentinos -CEA-, le contestó al vocero presidencial:  «La Paritaria Nacional Docente tiene plena vigencia y está establecida en la Ley Nacional de Educación como en la Ley de Financiamiento Educativo. Hace más de 15 años que la Paritaria es un instrumento de negociación, que sirve como referencia para las negociaciones en cada una de las jurisdicciones del territorio nacional». 

Asimismo, el dirigente exhortó al secretario de Educación, Carlos Torrendell, «a que convoque, de inmediato, a la Paritaria Nacional Docente» y que se envíen «todas las transferencias a las provincias que, por normativa, están vigentes». 

«El Gobierno Nacional es responsable de los conflictos que se están sucediendo en las jurisdicciones del país, y los que a futuro se presenten, ante la negativa de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente». 

Incluso, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, durante una de sus conferencia de verano -al cierre de esta edición- disparó contra el desfinanciamiento y ahogo promovido por el Gobierno Nacional como «castigo ante la caída de la Ley ómnibus». «No hay recursos discrecionales. Lo discrecional es que el ajuste lo pague el pueblo», definió el mandatario en relación al recorte de fondos de Nación a las provincias en materia educativa y de transporte. «Están ajustando a las familias», agregó y anunció que la gestión provincial  reclamará los recursos por la vía administrativa -carta el ministro de Economía, Luis Caputo- y que se realizará el primer desembolso del Fondo de apoyo  financiero -aprobado por la Legislatura- para todos los Municipios de la Provincia. 

De hecho, la primera semana de febrero, la gestión de Kicillof anunció que había pagado el salario Docente de enero y compensado los fondos que el Gobierno Nacional debía transferir  Fondo Nacional de Incentivo Docente, FONID; Conectividad y Material Didáctico-.  


Previo al feriado de carnaval, los titulares del área de Educación de las diferentes jurisdicciones del país, habían firmado una carta dirigida al secretario de Educación, Carlos Torrendell, en la que manifestaron «preocupación por la discontinuidad de las sumas que transfiere la Nación a las provincias» -muchas provincias se hicieron cargo de esas sumas con el pago de los salarios de enero, pero avisaron que, si la situación continúa «no podrán hacerse cargo de los componentes salariales que son exclusiva responsabilidad y obligación del Gobierno Nacional». 

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