«Paraíso o más bien guarida para el crimen organizado»

El régimen de blanqueo de activos previsto en el paquete fiscal y el de “incentivo para grandes inversiones” (RIGI) incluido en la ley Bases, que el Senado deberá tratar la próxima semana, podrían convertir a la Argentina en el corto plazo “en una suerte de ‘paraíso’ –o más bien guarida– para el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo internacional”. La advertencia la realizó la Asociación Americana de Juristas (AAJ) en un informe dirigido al presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Raja Kumar, a quien reclaman que como “organismo rector en la materia” efectúe de inmediato “las recomendaciones y observaciones pertinentes” para evitar que se sancionen e implementen ambas iniciativas del gobierno de Javier Milei.

El documento que firman la presidenta de la AAJ, Vanessa Ramos, y su secretario general, Luis Carlos Moro, comienza con un análisis del “Régimen de Regularización de Activos” (blanqueo) incluido en el paquete fiscal que tiene media sanción de Diputados. El proyecto propone una amnistía para evasores de impuestos que, a cambio de declarar su riqueza oculta, serían eximidos de causas judiciales y del pago de multas. La AAJ advierte la cuestionable eficacia impositiva de las “amnistías fiscales” y la opinión unánime a nivel internacional de que en todo caso debe implementarse “en el marco de un gran acuerdo fiscal” que incluya “una reforma integral del sistema impositivo, una mejora de los sistemas de control y mayores penas para la evasión”, todo lo contrario de lo que predica Milei, que llegó a llamar “héroes” a los grandes fugadores de divisas. El régimen propuesto beneficiaría a quienes blanqueen activos de hasta 100.000 dólares, y también a quienes superen esa cifra si la invierten en el país antes de diciembre de 2025. Incluye a no residentes con bienes en el país e inclusive a quienes se radicaron en el exterior para evadir cargas tributarias.

Junto con otros cambios a normas vigentes, el blanqueo tal como está formulado “afecta directamente al sistema de prevención en materia de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva”. De consolidarse convertiría a la Argentina “en una guarida para la inversión y el blanqueo de fondos provenientes de actividades ilícitas”, advierte la AAJ. Más adelante repasa las distintas recomendaciones efectuadas por el GAFI a la hora de implementar programas de “cumplimiento voluntario tributario” para evitar “que los delincuentes abusen” de los mismos y para minimizar el “riesgo potencial de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”.

En la misma línea de decisiones que deterioran el sistema para prevenir el lavado y el financiamiento del terrorismo, la AAJ enumera las resoluciones del gobierno para suprimir normativas de la Inspección General de Justicia (IGJ) que apuntaban a evitar el uso fraudulento de sociedades comerciales, fideicomisos y otras estructuras jurídicas. En base a un informe de la fundación La Alameda, denuncia además el “desmantelamiento de todas las políticas de prevención, asistencia y persecución del delito de trata de personas”, y el impulso del proyecto de libre portación de armas promovido por la ministra Patricia Bullrich.

Por último se refiere a los riesgos y afectaciones que se derivan de la ley Bases. El RIGI “refleja una falta de exigencias reales de licitud del origen y trazabilidad de los fondos, que conlleva un alto riesgo de ingresos de capitales provenientes del tráfico de estupefacientes, armas y personas, entre otras conductas criminales precedentes del delito de lavado”, alerta. La ley “no prevé el rechazo ante la presunta ilegalidad de los fondos declarados” y tampoco “la individualización y la necesidad de información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas” que podrían adherir al régimen.

En las conclusiones, la AAJ sostiene que la “degradación socioeconómica” en curso “resulta el marco más propicio para las actividades ilícitas precedentes al lavado de dinero”. Si se le suman las deficiencias para hacerle frente y se propicia un blanqueo como el que propone el gobierno, la Argentina se convertirá “a corto plazo en una suerte de ‘paraíso’ –o más bien guarida– para el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo internacional”. Y si encima se implementa un régimen como el RIGI se corre el “riesgo cierto de trasladar el poder económico –que debe detentar el gobierno, el sistema productivo y los ciudadanos– a manos de organizaciones criminales y/o terroristas, que en el caso de la Argentina puede incluir la posesión de recursos estratégicos, tanto naturales como geopolíticos, toda vez que la ‘Ley Bases’ también incluye un inédito y amplio plan de privatización de empresas y bienes del Estado”.

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