Milei vs. medios públicos: motosierra contra el pluralismo

milagros lopez

Cuando los gobiernos ponen en práctica políticas de ahorro, la cultura es, por lo general, la primera en sufrir recortes. Ese fenómeno provoca debates y resistencia, como sucede ahora en Argentina. Con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 117/2024, del 2 de febrero, el presidente argentino, el populista de derecha Javier Milei, ordenó la intervención, durante un año, de los medios de comunicación públicos del país.

Aunque Milei retiró el 7 de febrero el proyecto de la llamada «ley ómnibus” para una reforma liberal del país, después de su rechazo mayoritario en la Cámara de Diputados, el DNU sobre la intervención a los medios públicos sigue vigente.

Argentina cuenta con una gran oferta de medios y órganos públicos que posibilitan la llegada de contenidos culturales y educativos también a los sectores de menos recursos. Sin embargo, ante el manifiesto rechazo de representantes de la cultura a los anuncios de recortes, Milei dijo que eso es «la defensa de un privilegio”. 

La actitud del Gobierno hacia la cultura

«Hay una actitud despreciativa y hostil desde el Gobierno a los sectores donde aplica los recortes, también hacia la cultura”, dice Natalí Schejtman, periodista de elDiarioAr, en entrevista con DW. Y alerta también sobre que «hay, por parte del presidente Milei, una recurrencia a agredir a periodistas mujeres, lo cual puede generar un efecto amedrentador que impacte en el derecho a la libertad de expresión. Es muy preocupante”.

Para Schejtman, docente universitaria y autora del libro ‘Pantalla partida. 70 años de política y televisión en Canal 7’, «esta intervención es muy drástica y poco clara, porque en el listado hay medios del Gobierno argentino, como la agencia Télam y Radio y Televisión Argentina S. E. (RTA), junto con canales culturales y portales educativos, como Educ.ar, nacidos con la era de internet y administrados por el Ministerio de Educación, cuyos contenidos son muy usados en las escuelas”. Los contenidos de la agencia Télam, además, son también utilizados por los medios privados, agrega.

Medios públicos, «un gasto para Argentina, no una inversión»

El Gobierno nombró como interventor a Diego Martín Chaher y como interventor adjunto a Diego Sebastián Marías, ambos abogados. La intervención tiene como fin «operar y mantener las sociedades, el modo de optimizar la gestión administrativa con miras a tornarlas sustentables», según el  decreto. El Gobierno justificó el DNU «(…) a los fines de una mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público (…)». 

Tras darse a conocer el decreto, el diputado del Pro Hernán Lombardi, exsecretario del Sistema Federal de Medios Públicos durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), dijo en el programa «No la ven», de radio Splendid 990, sobre los medios públicos: «Yo creo que hay que cerrarlos directamente, soy un poquito más drástico», según lo cita el diario Perfil. «Son un gasto para Argentina, no son una inversión y cada vez que los toma un gobierno kirchnerista los usa como herramienta de propaganda», subrayó.

Discutir sobre medios públicos, no terminar con ellos

«En este contexto político hay poca transparencia, y eso provoca confusión”, continúa Schejtman. Aunque los medios estatales «son muy dependientes de los gobiernos de turno y no son perfectos, cumplen con una función social, con una oferta cultural que hay que cuidar. Hay que discutir cómo mejorarlos, pero no terminar con ellos. En este caso, no se está usando un bisturí, sino la motosierra”, grafica. 

«Más allá de todos los cuestionamientos a los medios públicos en Argentina por su carácter gubernamental, cerrarlos o privatizarlos siempre significa una disminución en la diversidad de miradas periodísticas», dice, por su parte, Philip Kitzberger, analista político y de medios de comunicación, y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, entrevistado por DW.

«Eso sería alimentar más aún a un sistema de medios como el argentino, donde prevalecen los actores privados comerciales, ligados a ciertas líneas editoriales”, señala Kitzberger. «Creo que sí, indudablemente, existe la amenaza de una pérdida de pluralismo y de posibilidades para la libertad de expresión, en lo que, aparentemente, sería la agenda del Gobierno”.

DW envió un mensaje de texto a Javier Lanari, subsecretario de Prensa del Gobierno de Javier Milei, solicitándole una declaración sobre la intervención de medios públicos, así como la opinión de expertos que la apoyen, pero hasta el momento no ha recibido una respuesta.

Preocupación de trabajadores de prensa en Argentina

Carla Gaudensi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa (FATPREN), manifestó a DW que, «como trabajadores y trabajadoras de prensa de todo el país, estamos sumamente preocupados”.

Se trata de medios públicos que «llegan a todos los rincones de nuestro país y tienen un claro rol social, que es el de garantizar desde el Estado el derecho a la información”, señaló. «Eso se hace con pluralidad, con federalismo”. Además, «la intención es que pasen a ser sociedades con fines de lucro”, advierte. «Hemos presentado ya un amparo al DNU 117/2024, porque sabemos que es inconstitucional”. Otros representantes de trabajadores de prensa también hablaron a medios argentinos sobre la supuesta inconstitucionalidad del decreto.

Derecho a la información contra lucro comercial

A juicio de Natalí Schejtman, es relevante para la democracia el hecho de que en el directorio de RTA están representadas las minorías parlamentarias. Esa fue «una innovación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, o Ley de Medios, promulgada en 2009 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que reemplazó a la Ley de Radiodifusión instituida por la dictadura militar.

«Eso no resolvió el problema de la independencia y el pluralismo de los medios públicos, pero es claramente un avance en el sentido de una mayor apertura democrática”, destaca. 

Mientras que Philip Kitzberger subraya: «No se sabe hasta dónde van a llegar, pero hay versiones de que no solo se trata de ‘reformular’ o privatizar a los medios públicos, sino que quieren hacer caja con ellos”. Según él, «todo señala que el Gobierno está permeado por muchos intereses corporativos”.

La secretaria general de FATPREN, Carla Gaudensi, se refirió, asimismo, a la represión de las fuerzas de seguridad contra trabajadores de prensa en las protestas en la calle contra la «ley ómnibus», que se debatía en el Congreso, el 2 de febrero. Gaudensi expresó su rechazo al «aparato represivo de la ministra de Defensa, Patricia Bullrich, que no solo ataca a quienes están manifestando pacíficamente, implementando un protocolo que prohíbe la protesta social militarizando las calles, algo que nunca vimos en nuestro país en democracia, sino que, además, ataca directamente a la prensa. Más de 31 periodistas que estaban ejerciendo su derecho a registrar lo que sucedía fueron fuertemente reprimidos por las fuerzas de seguridad de la ministra Bullrich”.

Durante esas protestas, la oposición dejó por un momento el debate parlamentario y salió a la calle ante la represión contra los manifestantes. En el marco del protocolo de seguridad del Gobierno, la Policía usó balas de goma y tanquetas hidrantes para controlar las protestas. 

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