La suspensión de la publicidad oficial pone en riesgo la continuidad de las pyme de comunicación y los medios autogestionados

milagros lopez

Apartir del anuncio del vocero presidencial, desde el Sipreba alertan que la decisión impactará en el acceso de la sociedad a la información pública, obligación del Estado e imprescindible para la vida en común, así como también en quienes trabajan en medios de comunicación, con o sin fines de lucro.

Para el Sipreba «la decisión impactará en cientos de medios de comunicación, con y sin fines de lucro, en los que hay miles de trabajadoras y trabajadores de prensa a quienes representamos. Desde el Sipreba defendemos sus derechos, sus salarios y sus ingresos, en una actividad precarizada y con una pérdida de poder adquisitivo del 51 % en los últimos cinco años».

Por medio de un comunicado publicado en su página web el gremio de los periodistas porteños también señala que desde hace años reclama —junto con las redes de medios comunitarios y autogestivos, otros sindicatos y sectores de la comunicación—  que la pauta oficial sea democrática y federal, ya que «el Estado tiene la obligación de favorecer la diversidad de medios y su sostenibilidad, derivada del hecho de que la libertad de expresión protege los derechos de quienes se expresan y de quienes escuchan».

En esta línea, la decisión de suspender la publicidad oficial «anula toda distribución de la información pública y afecta el derecho a la comunicación, la pluralidad de voces y la libertad de expresión y aumenta la asimetría y la concentración que, en palabras del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, implica restringir la democracia porque silencia voces».

«Vamos hacia una monopolización de la información en el discurso público»

En diálogo con radio Gráfica, Juan Delú, comunicador de radio Futura de La Plata y titular de la Foro Argentino de Radios Comunitarios (Farco), expresó que con esta medida se está cercenando el derecho de los ciudadanos a recibir información y que «vamos hacia una monopolización de la información en el discurso público».

Por otro lado, planteó que el anuncio no precisó si la suspensión de la pauta publicitaria contempla solo a los fondos que para tal fin tiene a su cargo la Presidencia o si abarca a todo el Gobierno nacional, a las empresas públicas, como YPF, BNA y Aerolíneas Argentinas y a los organismos descentralizados del Estado.

Tras señalar que la suspensión de la pauta publicitaria puede provocar un deterioro general del sistema de medios, recordó que «siempre criticamos cómo se distribuye la pauta y no nos quedamos en una defensa acrítica de la pauta nacional». Y añadió: «Desde una línea histórica, siempre exigimos que la pauta se distribuya con criterios más claros. Por eso siempre hablamos de la necesidad de una ley que ordene todo esto”.

Un ataque la libertad de expresión

En tanto, el diputado Pablo Carro diputado nacional por Córdoba de Unión por la Patria publicó en la red social X que «quitar la pauta oficial indiscriminadamente fortalecerá a los grandes medios concentrados, debilitando a los más pequeños, que hacen a la pluralidad y al federalismo de la comunicación».

Y en un «hilo» de entradas, agregó:

  • En Argentina la competencia entre medios es desigual. El crecimiento de los gigantes de internet desvió la inversión publicitaria a plataformas globales que no producen noticias ni contenidos culturales locales. Lo invertido allí, son dólares que abandonan el país.
  • Conocemos el impacto de las redes sociales, donde te podés informar o desinformar. La popularidad de los contenidos no asegura su veracidad, rigurosidad o responsabilidad editorial por ellos. De eso se aprovechan muchas operaciones de prensa comerciales o políticas.
  • La asistencia gubernamental por vía de la pauta publicitaria oficial favoreció el sostenimiento de algunos medios nacionales concentrados, pero ellos también reciben la pauta concentrada de empresas privadas: Eso no va a cambiar.
  • Los más perjudicados serán los pequeños medios, las y los trabajadores periodísticos más vulnerables. Hemos propuesto, con distintos proyectos legislativos, que esta situación sea revisada con políticas públicas transparentes, asimétricas y federales.
  • Debemos revisar los beneficios indirectos por gastos tributarios (gravamen a cuenta de IVA o contribuciones) a los grandes medios concentrados y sostener los subsidios a determinadas producciones periodísticas o de contenidos de los pequeños medios.
  • Argentina está obligada a garantizar el pluralismo y la diversidad informativa. Para ello se debe implementar una distribución asimétrica con criterio federal, por públicos y en favor de medios con arraigo territorial, para que sean sostenibles por su función social.

Por su parte, Yair Cybel, director de El grito del Sur y presidente de la Red de Medios Digitales, sostiene que «el recorte en publicidad oficial es un ataque a la libertad de expresión. La medida comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni y refrendada por el flamante ministro de Economía, Luis Caputo, es una decisión política —el monto que representa para el erario público equivale a apenas 0,05 %— que viene a trastocar de fondo el escenario de comunicaciones en nuestro país».

Un impacto negativo

Desde la actividad académica, Martín Becerra, Santiago Marico y Agustín Espada aseguran que la medida anunciada este martes por el vocero Manuel Adorni lesionará el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre los actos de gobierno y generará una merma en los ingresos de las pequeñas y medianas empresas de comunicación.

Consultado por la agencia Télam, para Becerra, profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y en la Universidad de Buenos Aires (UBA), la función central de la publicidad oficial «es dar a conocer los actos de gobierno. Es un principio republicano y una obligación constitucional de todo gobierno. De ahí que, desde 1810 en adelante, existe la publicidad oficial», indicó.

No existe un «derecho» de los medios de comunicación a recibir publicidad oficial, pero «sí hay un derecho de la ciudadanía a ser informada sobre lo que el gobierno hace»».

Acerca del impacto que tendrá la medida anunciada por Adorni, «será más problemática para empresas medianas y pequeñas» de comunicación «que para grupos más grandes, que fueron hasta ahora los mayores beneficiarios ya que cuentan con otros negocios, más rentables, con el Estado», opinó Becerra.

Y agregó: «El Gobierno tiene muchos resortes económicos para relacionarse con los medios, porque muchos de los grupos concentrados son al mismo tiempo concesionarios de servicios públicos y licenciatarios de otros servicios, además de que son deudores previsionales y fiscales. Esta medida sólo afecta una de las ventanas de la ‘gran paritaria’ que tienen los grupos de medios con los gobiernos», evaluó.

Para Santiago Marino, doctor en Ciencias Sociales y Magíster en Comunicación y Cultura por la Universidad de Buenos Aires (UBA), los fondos que el Estado destina para publicidad oficial en los medios de comunicación «tienen un peso significativo» en las finanzas de las empresas periodísticas, tanto que «dependiendo el año y como se gestione, puede representar entre el 5 y el 10 % del total de la torta publicitaria».

«Si la suspensión decidida por el Gobierno se combina con la retracción que se vive en materia publicidad comercial privada en un contexto de crisis económica, estamos frente a un escenario en el cual los medios de comunicación van a sufrir una fuerte disminución de sus ingresos», evaluó Marino en declaraciones a radio Nacional.

Esa coyuntura, expresó Marino, «podría derivar en condiciones negativas para la forma de ejercer el periodismo» y agravar la «precarización laboral» que afecta a los periodistas en distintos medios de comunicación.

Marino, en tanto, también evaluó la posibilidad de que provincias y distritos como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, que sumados representan una cifra superior a la del Estado nacional, tomen una medida similar.

Agustín Espada, investigador del Conicet y doctor en Ciencias Sociales por la UBA, explicó en declaraciones a Urbana Play que la suspensión de la publicidad oficial no solo afectará a los medios de comunicación, sino que significa retirar los fondos destinados a difundir los actos de gobierno en «las cartelerías de la vía pública, en cines y eventos deportivos».

Al igual que Becerra y Marino, Espada opinó que la medida gubernamental ocasionará «una precarización y pérdida de puestos de trabajo» en los medios de comunicación, lo que repercutirá «en la calidad de los contenidos y el acceso a la información».

Por su parte, el dirigente del Frente Patria Grande y excandidato presidencial, Juan Grabois, sorprendió al celebrar la medida anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y lamentó que esa medida no se haya implementado durante gestiones anteriores para esos fondos destinarlos a medios comunitarios.

Una polémica

«Ojala hubiéramos tenido nosotros los huevos para hacer esto, bancar a los medios comunitarios y sostener con Repro los puestos de trabajo en PyME ¿te cae mal que lo diga? Jodete. Yo nunca banqué subsidiar a los medios hegemónicos y mendigarles piedad a cambio de plata del pueblo», escribió Grabois en su cuenta de X. En su mensaje, también recordó que en agosto de este año se había manifestado en favor de eliminar la pauta junto con las exenciones impositivas de los medios hegemónicos, al compartir declaraciones que realizó a Barricada TV.

En respuesta al mensaje de Grabois, el director del Banco Provincia de Buenos Aires, Sebastián Galmarini, rechazó lo manifestado por Grabois y advirtió que «esta medida va a dañar a muchos trabajadores, pymes de medios zonales, regionales y nacionales, productoras de contenidos y a quienes nos informamos».

«Entiendo que los multimedios no viven de pauta solamente. Viven de otros ingresos y tienen otros intereses», afirmó y agregó que considera que «es muy mal argumento por muchas razones», pero que principalmente no coincide «en seguir ventilando los debates a los cuatro vientos para sonar popular» y «menos que menos, intelectual».

About Author

Deja un comentario

Next Post

El plan de Milei para que los jubilados ganen menos

Tal y como era de esperar, el feroz ajuste impuesto por el gobierno de Javier Milei afecta de lleno al bolsillo de jubilados y pensionados. La administración de LLA confirmó que intentará eliminar la ley de movilidad jubilatoria votada por el Congreso para reemplazarla por aumentos discrecionales a través de decretos del Poder Ejecutivo. ¿Qué […]

Subscribe US Now

Descubre más desde LRS 811 FM 88.9 COMUNITARIA SOEM

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo