CÓRDOBA- El proceso por el crimen de Joaquín Paredes, el adolescente de 14 años muerto por un tiro policial en Paso Viejo, en el norte de la provincia, en plena pandemia, ingresó en su etapa final. La fiscalía y la querella pidieron la pena de prisión perpetua para los cinco policías que participaron del operativo del 20 de octubre del 2020 que terminó con el asesinato del chico y con dos de sus amigos heridos. Esta tarde, a las 15, el tribunal decidirá si hoy mismo el jurado delibera y dicta sentencia.
La fiscal Gabriela Pochettino solicitó la pena máxima para los policías Maykel Mercedes López, Iván Alexis Luna, Enzo Ricardo Alvarado, Jorge Luis Gómez y Ronald Nicolás Fernández Aliendro. A los dos primeros los calificó como coautores del crimen y a los otros tres les endilgó la figura de coautores. Por su lado, Claudio Orosz, abogado de la familia del adolescente, coincidió en el pedido.
Pochettino, quien alegó durante dos horas y media en los tribunales de Cruz del Eje, donde se desarrolla el juicio, dijo que el operativo estuvo preparado para “reprimir” y que los efectivos actuaron de manera “ilegal, irregular y sin medir las consecuencias”.
“Hubo un obrar ilegítimo, innecesario del personal policial de disparar a los cuerpos de los jóvenes –describió–. Hay homicidio, hay tentativa de homicidio y es agravado porque abusaron de su función para someter a un grupo de jóvenes que les había hecho frente para reclamar sus derechos y exigir que no sacaran las armas”.
Paredes había estado comiendo pizza con unos amigos en una casa y, luego, ya de madrugada, siguieron la “juntada” en la plaza del pueblo, “tomando vino y escuchando música”. En ese momento recibió por la espalda los disparos policiales. Los otros jóvenes contaron que los policías se bajaron de un patrullero “como locos, gritando y guapeando”.
“Uno se puso loco y disparó”, contó un testigo. Aseguró que, luego, a Paredes no quisieron atenderlo en el dispensario local y eso provocó que el resto de los jóvenes también reaccionara. “Vimos que estaba morado, que sangraba, y la enfermera del dispensario se escondía. No abría. Había vecinos que salían y gritaban que nos pegaran, que no jodiéramos. Eran muchas las balas” que les disparaban, relató uno de los jóvenes.
Orosz apuntó contra el jefe de Paso Viejo, Daniel Sosa Gallardo, por no llamar a la Infantería cuando se presentó el “disturbio” esa madrugada del 2020. En ese contexto, reclamó el inicio de una nueva causa para que se investiguen las lesiones graves que le habría ocasionado Sosa a un joven que, esa misma noche, estaba en un cumpleaños. En la causa de Paredes, Sosa Gallardo está imputado como coautor del delito de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego.
“No se puede usar la fuerza discrecionalmente. Ante un disturbio, la fuerza policial tiene que identificar a un referente e intentar dialogar”, planteó Ramiro Fresneda, el otro abogado de la querella.
Hace dos semanas, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación advirtió al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que en el juicio oral por el crimen de Paredes “se estarían vulnerando derechos de las víctimas, testigos y familiares”. Es que testigos y víctimas dijeron sentirse atemorizados y presionados por las actitudes de los camaristas durante el juicio.
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