Lo venía advirtierndo durante la campaña con su discurso de orden. Finalmente, hoy llegó el anuncio y en conferencia de prensa, la ministra de Seguridad del Gobierno de Javier Mieli, Patricia Bullrich, presentó el protocolo «para garantizar el orden público frente a cortes, piquetes y bloqueos» en el que podrán intervenir las fuerzas federales, sin orden judicial.

En ese sentido, detalló los 12 puntos que componen la medida, atando libertad a orden y progreso, al tiempo que advierten que «el que las hace las paga». Por lo que «los costos vinculados a los operativos de seguridad deberán ser cubiertos por las organizaciones o personas responsables. En caso de que sean extranjeros con residencia provisoria, se dará aviso a la Dirección Nación de Migraciones».

 

 

 

 

Además, el protocolo prevé la creación de un Registro de las Organizaciones que participen en este tipo de protesta y los datos de los involucrados «serán remitidos a las autoridades correspondientes»; se identificarán los vehículos para «registrar multa penal o administrativa»; se dará aviso a Juez competente en caso de daño ambiental -quema de cubiertas, por ejemplo-; habrá sanciones para las personas que lleven a niños, niñas y adolescentes a las manifestaciones -se dará aviso a la autoridad competente-.

En cuanto al uso de la fuerza -que puede derivar en abusos o represión-, Bullrich avisó que el objetivo del protocolo contempla «el uso de la mínima fuerza necesaria y suficiente, graduada en proporción a la resistencia», con el objetivo de liberar el espacio para la libre circulación, aún cuando haya vías alternativas de circulación o tránsito.

Ni bien se conoció la medida, sonaron críticas.

«La decisión de la ministra de avanzar con medidas contra la protesta social vulnera los derechos de nuestra democracia. Buscan con el poder de la represión hacer que la sociedad, a fuerza de palos, balas y persecución tolere lo intolerable. Esto es inadmisible para nuestra democracia», apuntó el coordinador nacional de SOMOS/ Barrios de Pie, Daniel Menéndez, que asemejó «el plan económico de Milei y Caputo  al de Krieger Vasena, que estuvo sustentado por un gobierno y una dictadura militar como la de Onganía. Así que no me extraña que empiecen a construir un endurecimiento de las limitaciones a los reclamos, porque obviamente una política económica de esa magnitud no cierra en los marcos de la convivencia democrática».

En sintonía, Menéndez apuntó a las 10 medidas que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, el martes por la tarde. «Han anunciado un conjunto de medidas económicas que son parte de un ajuste criminal y que en términos sociales generan una enorme licuación de ingresos. Por otra parte, es claro que no habrá ninguna medida seria que permita la recomposición del ingreso de los trabajadores».

 

«Una política económica como esta no cierra en un marco democrático», agregó.

 

«Con el paquete de medidas económicas tomaron la decisión de afectar a más de veinte millones de argentinos y argentinas llevándolos a la miseria. Ya ni siquiera estamos discutiendo si se va a poder conseguir alquiler sino que prácticamente un sector importante de nuestro país va a tener problemas para comer. Acá la sociedad no lo va a tolerar», cerró el dirigente social.

En tanto, según supo este medio, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), pedirá «la derogación por vía judicial del Protocolo de Seguridad de Patricia Bullrich» por considerarlo «inconstitucional», al tiempo que, «antidemocrática la actitud de la Ministra.

El espacio, además, recordó que durante el gobierno de Mauricio Macri -2015/2019- Patricia Bullrich -también como ministra de Seguridad- había intentado llevar a la práctica una iniciativa de este tipo, pero que no pudo utilizarse por ser «manifiestamente ilegal».

«La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), al igual que lo hizo en aquel momento, expresa hoy su rechazo a la norma difundida porque la misma contraría totalmente nuestro ordenamiento jurídico y abre las puertas a la comisión de delitos graves por parte de las fuerzas de seguridad federales encargadas de implementarlo reprimiendo a quienes participen de marchas y movilizaciones callejeras», remarcan.

«Al contrario de lo que estipula el mencionado “Protocolo”, el Estado, en todos sus estamentos, debe garantizar el respeto a los derechos a disentir y a reclamar. La fuerza pública debe utilizarse para que no se impida el ejercicio de esos derechos, jamás para reprimirlo».

 

«La protesta social pacífica, en sus diferentes expresiones -movilizaciones, reuniones y también cortes de rutas y calles-, es parte de una expresión democrática porque la democracia, en sociedades diversas y desiguales como la nuestra, no reposa en los acuerdos sociales sino en los desacuerdos. La democracia es la posibilidad de convivir aún en el desacuerdo».

 

«La libertad de expresión y los derechos que de ella se derivan son los que están más cerca del nervio democrático de la Constitución Nacional, y por ende los que todo gobierno debe defender con mayor energía y compromiso», cerraron.

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