El Fiscal de Instrucción Distrito 4 Turno 1, Ernesto de Aragón, pidió la elevación a juicio con la causa armada en contra del secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, junto a otras y otros cinco dirigentes sociales, por participar en la Marcha contra el Hambre que se realizó a principios de abril pasado en la ciudad de Córdoba.
A cuarenta años de la recuperación democrática en la Argentina, el fiscal -Ernesto- De Aragón se comporta como un funcionario de la dictadura oligárquico militar, su elevación a juicio de nuestra imputación, retrocede el derecho constitucional en Argentina, 40 ó 50 años» declaró a IB24 Federico Giuliani, dirigente de ATE – Córdoba quien es llevado a juicio en esa provincia por reclamar contra el Gobierno que dirige Juan Schiaretti.
En ese contexto, el dirigente sindical, dijo: «Estamos hablando de una imputación, una causa amañada totalmente armada, floja de papeles donde donde se nos imputa por movilizar, por obstruir -supuestamente- el tránsito público que es la violación a un artículo del Código penal y también por desobediencia a las autoridades policiales con las cuales -en aquel momento- habíamos convenido los cortes de calles.»
Giuliani, explica a IB24 que estos hechos sucedieron «en una jornada de lucha del 5 de abril, contra el hambre en Córdoba junto con la CTAA, movilizó ATE y el Movimiento Piquetero somos seis los imputados, me toca ser el único dirigente gremial, porque el resto son dirigentes de las organizaciones de desocupados, se da en el contexto de una provincia que a pesar de que tuvo un candidato presidencial que ya no está más en el ruedo que es Juan Schiaretti, que pretendía o mantenía una visión de que Córdoba parecía Suiza; bueno acá se cercenan derechos constitucionales todos los días. En las barriadas populares porque no hay laburo, acceso a la tierra, trabajo digno y vivienda, porque hay un podio de convivencia que reprime a las juventudes en los barrios populares que estigmatiza a la pobreza, tienen muchos casos de violencia institucional conocido como gatillo fácil, con mucha desigualdad social e incluso con números alarmantes respecto a desocupación, precarización laboral, muchos más altos que la media. En ese contexto se da esta imputación, inédita por el tiempo tan corto en el que fuimos imputados y en el que somos elevados a juicio»
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